El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y, asimismo, la constitucionalidad de la ley 25.779 que declara la nulidad absoluta e insanable de las leyes mencionadas.

 

La decisión de anular las llamadas “leyes de la impunidad” fue una de las primeras medidas para generar políticas de Estado en torno al tema Memoria, Verdad y Justicia. Néstor Kirchner fue el primer presidente que asumió un profundo compromiso para terminar con esa impunidad.

 

A poco de asumir, Kirchner expresó que “siempre” sostuvo que esas leyes eran inconstitucionales.

 

El ex presidente había afirmado que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “fueron sancionadas bajo la amenaza de un golpe de Estado” y que “no habrá cambio confiable si permitimos la impunidad, rechazando de plano la identificación entre gobernabilidad e impunidad que algunos pretenden”.

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