El 11 de marzo de 1949 se sanciona la reforma de la Constitución que sintetizó y reflejó una nueva concepción filosófica en el país, que avanzó sobre el liberalismo imperante en el texto de la Constitución de 1853. Dicha constitución consagraba desde su preámbulo “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.

 

 

La inclusión de las importantes reformas se llevó a cabo durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955). La Constitución se sustentaba sobre los tres pilares del peronismo en donde se reflejaba la idea de Independencia Económica, contemplada en los artículos 39 y 40 que decían “El capital debe estar al servicio de la economía nacional. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”. La Soberanía Política establecía en su artículo 15 “la prohibición de desempeñar funciones públicas a los integrantes de organizaciones internacionales contrarias al sistema instaurado”, en su artículo 18 supeditó a las exigencias “de la defensa, la seguridad común o el bien general del Estado la navegación de los ríos interiores”, cambió el vocablo “privilegio” por “franquicia” para los capitales extranjeros impidiendo exenciones impositivas totales, nacionalizó las riquezas fundamentales del país, los servicios públicos, el sistema financiero y el intercambio comercial con los demás países (artículos 40 y 68)”. La Justicia Social establecía las garantías en cuestiones como la vivienda, la salud, la vejez, la seguridad social y el acceso a una educación gratuita y pública para todos los ciudadanos.

 

En su artículo 37 se expresan los derechos sociales y laborales de los argentinos además de introducirse en el redactado, en el artículo 40, las bases sobre las que se fundamentaría la expropiación de los monopolios por parte del estado y se incluyó también en el artículo 78 el concepto de reelección presidencial que consistía básicamente en que un ciudadano que había desempeñado el cargo de presidente pudiera volver a serlo. Por otro lado, la reformada Constitución establecía en su artículo 37 (II.1) el reconocimiento a la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad que venía a complementar el proceso de igualdad entre hombres y mujeres ya iniciado con la ley de 1947 en la cual se reconocía el derecho de la mujer al sufragio y a ser escogida como representante política de la Nación.

 

En 1955, con el golpe militar que derroca a Juan Domingo Perón, el presidente de facto, el general Pedro Eugenio Aramburu, deja sin efecto la Constitución de 1949 y recobra vigencia la Carta Magna de 1853 con las sucesivas enmiendas de 1860, 1866 y 1898.

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