Tras esta decisión del Gobierno, y con los hechos acaecidos en octubre de 1945, Juan Domingo Perón se embarca en la campaña electoral que tendrá mucho peso de oposición durante el camino a la Presidencia.

 

A diferencia de lo sucedido en otros países, en Argentina la intención del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, elegido en febrero de 1946, fue evitar que el destino de las empresas incautadas redujera la competencia en los mercados en favor de determinados carteles internacionales, o eliminara unidades productivas. Por esa razón el gobierno argentino decidió comprar las empresas incautadas que tenían como objeto actividades industriales, con el fin de ampliar el tejido industrial y promover una mayor calificación de la mano de obra. El 24 de enero de 1947 el gobierno dictó el Decreto Nº 1921/47 comprando las empresas industriales incautadas, entregando a la Junta de Vigilancia cien millones de pesos, a cuenta de su precio total. El 1 de julio dictó el Decreto Nº 18.991 creando la Dirección Nacional de Industrias del Estado, como entre autárquico, y el 20 de marzo de 1948 se dictó el decreto aprobando el estatuto del organismo.

 

La DINIE estuvo dirigida por un Consejo de Administración presidido por el secretario de Industria, manteniendo cada empresa su autonomía operativa y comercial.

 

La DINIE llegó a tener 40 empresas industriales, aunque muchas de ellas se dedicaron principalmente a la comercialización y a la importación y exportación de bienes industriales. El primer grupo fueron 15 empresas de origen alemán, que fueron integradas en octubre y noviembre de 1947. Al año siguiente se integraron otras 17 empresas, de las cuales la mayoría habían sido alemanas, pero tres de ellas ya eran empresas estatales y una era una empresa privada de capital argentino. En los cinco años siguientes (1949-1953) se sumaron ocho empresas más, tres de origen inglés, dos de origen alemán, una que ya era estatal y dos nuevas.

 

El volumen físico de la producción de las empresas de la DINIE, aumentó entre 1950 y 1955, un promedio del 40%, con diferencias entre las ramas industriales: farmacéuticas 18%, químicas 36%, metalúrgicas 59%, eléctricas 67%, textiles 16% y construcción 44%. María Teresa di Salvo y Viviana Román sostienen que la función central de la DINIE fue regular los precios de los mercados, en el marco de una política general de redistribución del ingreso a favor de los sectores sociales más postergados.

 

La DINIE recibió críticas de parte del empresariado argentino, que Perón tuvo en cuenta integrando a varios dirigentes empresariales en el Consejo de Administración de la misma. Luego de la crisis económica de 1952, el gobierno buscó orientar la DINIE hacia una mayor coordinación con el sector industrial privado, liquidando algunas de sus empresas o paralizando proyectos como la fábrica de cemento El Gigante.

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